Los Estados miembros están pidiendo a la UE que establezca una edad de “mayoría digital” por debajo de la cual los menores no puedan registrarse en redes sin el consentimiento de sus padres. Algo tan evidente como el hecho de no poder firmar un contrato de 220 páginas para utilizar una plataforma, con infinitas implicaciones que ni siquiera los adultos comprenden.

Es fundamental establecer un marco normativo aunque sea imperfecto y al principio plantee dificultades su aplicación. Algunos menores beben alcohol o fuman cigarros y no por ello se eliminan las leyes que restringen su acceso. Si no, deberíamos considerar quitar los semáforos por el simple hecho de que algunos conductores se los saltan. 

Con el objetivo de dilatar los plazos, la industria digital promueve debates sobre la forma en la que estas restricciones por edad deben aplicarse a nivel técnico (que si desde el propio dispositivo, desde las tiendas de apps, etc.). Cada año de la vida de los menores cuenta y estas no pueden ser excusas para retrasar medidas tan fundamentales.  

Establecer una edad legal mínima para tener un smartphone (una de las reivindicaciones de la concentración del 7-J por el derecho a la desconexión de los menores) sería una medida raíz sencilla que evitaría debates técnicos de este tipo. 

Los ciudadanos tampoco podemos consentir que las buenas intenciones de las autoridades sean rebajadas por grupos de presión, como ha sucedido últimamente en la Comunidad de Madrid – tal como argumentamos en este artículo que firmo junto a Catherine L’Ecuyer, María Salmerón, Francisco Villar y Miguel Ángel Martínez. 

Paradojas e inercias 

Mientras que estas medidas tardan en entrar en vigor, la hiperconexión de los menores no se detiene por sí sola. Al contrario: según un informe recién publicado por la Fundación Gasol, el tiempo que pasan con dispositivos ha aumentado 11 horas semanales en solo tres años y medio. 

La inercia de la utopía digitalista de los años 2010 sigue dejando huella.  A pesar de toda la evidencia de la que disponemos, en algunos casos, el Estado parece incluso sufrir cierta esquizofrenia, al seguir contribuyendo proactivamente a la hiperconexión. 

Llama la atención el programa “Campamento digital”, que pretende educar a los adolescentes a “crear su estrategia de marca en redes sociales” y “crear vídeos con enganche”. Niños de 9 a 11 años se “meten en lleno en el mundo digital.” Para organizar estos cursos, la Fundación Cibervoluntarios recibió una subvención de 63,25 millones de euros, procedentes de fondos Next Generation de la Unión Europea. Y entre sus aliados figuran Google, Facebook y TikTok: sin duda un combo con una trayectoria intachable en la protección de la infancia… (No, no es una broma de El Mundo Today). 

Desde el Movimiento OFF trabajamos para contribuir a acelerar este proceso y lograr que las autoridades perciban la demanda de la sociedad civil a favor de una infancia y adolescencia libres de la tiranía de la hiperdigitalización a la que actualmente están sometidas.