Ciberataque en la comunidad educativa de Castilla y León

El 31 de mayo, un ciberataque comprometió los datos personales de alumnado y familias de Castilla y León: nombres, DNI, direcciones, correos, teléfonos…

La incidencia se detectó el mismo día pero la Junta no la reconoció hasta el 25 de junio.

Este caso pone una vez más en evidencia la vulnerabilidad de casi cualquier sistema, una vez conectado a la red. Un elemento clave que debemos incluir en el análisis coste-beneficio previo a digitalizar cualquier proceso.

La actividad digital siempre deja un rastro. La actividad analógica, no.

 
 

Hoy parece han sido datos administrativos los que han sido objetos de este ciberataque... Pero ¿qué pasaría si mañana fueran también el historial de cada alumno, sus notas, informes de necesidades especiales o datos que pudieran condicionar su trayectoria vital y oportunidades, alimentando algoritmos susceptibles de influir en su vida?

Esto no es pura ciencia ficción: existe una multidud de sistemas que clasifican a personas a partir de información, a veces banal en apariencia, pero en realidad muy sensible.

En determinados países, sin necesidad de que se produzca ningún hackeo, empresas de la 'Ed Tech' venden a brokers de datos personales sobre las aptitudes de los alumnos.

 
 

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Si un día les deniegan una beca, una hipoteca o un seguro médico, probablemente ni se enteren de que la forma en la que hacía sus deberes cuando eran pequeños influyó en el resultado, asociándolos a un patrón negativo.

Este ciberataque nos recuerda, una vez más, que la educación no puede convertirse en una fuente de extracción de datos.

La solución no se reduce al refuerzo de los sistemas de seguridad: nos invita a recuperar capacidades analógicas y a repensar el perímetro de la digitalización en la educación y la administración, entre otro campos.

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